La Policía de la provincia de Phú Thọ ha imputado y detenido preventivamente al señor Quách Chí Lâm para investigarlo por el delito de aprovecharse de su influencia sobre personas con cargos y autoridad con el fin de obtener beneficios económicos. Según la información de la investigación, se acusa al señor Lâm de haber ejercido presión y prometido entregar dinero a los dirigentes de la comuna de Hợp Kim para que le expidieran un certificado de recuperación de minerales contrario a la normativa, facilitando así la explotación de tierras por parte de la empresa. Una actividad que, sobre el papel, parece normal, se ha convertido ahora en un eslabón destacado de este caso económico.
Según las autoridades investigadoras, la Sociedad Anónima de Inversiones y Comercio 336 se constituyó en febrero de 2026. Se sospecha que el señor Lâm presionó a los dirigentes de la comuna para que expidieran nueve certificados contrarios a la normativa, lo que permitió a la empresa extraer cerca de 238 000 m³ de tierra y obtener beneficios ilícitos por valor de más de 15 600 millones de dong. El caso también está relacionado con la empresa Hợp Kim 889 y con varios funcionarios locales que han sido imputados. Estas cifras plantean interrogantes sobre el proceso de concesión de licencias, la responsabilidad de la gestión y el mecanismo de supervisión de las actividades de extracción de minerales.
Cabe destacar que el expediente de la investigación menciona además 26 planes de rehabilitación de viveros que, según se alega, fueron falsificados para servir de base a la expedición de 26 certificados con un volumen total de más de 2,3 millones de m³ de tierra. Se considera que estas dos empresas han extraído ilegalmente cerca de 390 000 m³ de tierra, obteniendo beneficios ilícitos por valor de más de 25 400 millones de dong. Si las acusaciones se demuestran ante el tribunal, el caso pondrá de manifiesto graves deficiencias en la gestión de los recursos. Y es que, aunque la tierra pueda ser extraída y transportada, la responsabilidad por cada firma y cada decisión administrativa no puede quedarse solo en el papel.
